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El Pais 17 August 2021

El Pais/2021-08-17

“Los talibanes han empezado a ir casa por casa buscando a las mujeres activistas”, denuncia Humira Saqib

El temor a los islamistas ya está cambiando la forma de actuar de las mujeres en Afganistán

La periodista afgana Humira Saqib   –   FREE WOMEN WRITERS

“Los talibanes han empezado a ir casa por casa buscando a las mujeres activistas”, asegura la conocida periodista y defensora de los derechos de la mujer Humira Saqib, que a sus 41 años recuerda con nitidez las sevicias a las que los extremistas sometieron a las afganas durante su dictadura (1996-2001). Su denuncia contrasta con los mensajes de tranquilidad que emiten los portavoces talibanes. No se fía. Como muchas otras mujeres, ha optado por esconderse.

“Las activistas estamos atrapadas aquí, nos escondemos en casas de amigos o familiares y no podemos salir [a la calle] por el riesgo que corremos”, resume Saqib en un rápido intercambio de mensajes.

No es paranoia. A mediados de julio, los islamistas secuestraron a Zahra Jalal, la representante de la provincia de Khost en la Red de Mujeres en Gobernanza Urbana. Otra activista, Maryam Durrani, escapó de Kandahar, donde promovía la educación de las niñas, justo antes de que cayera en manos de los islamistas. Desde principio de mes había recibido varios mensajes que le advertían de que su vida estaba en peligro.

“Los talibanes acosan y amenazan con regularidad a las mujeres en las zonas que controlan”, apunta Femena, una red de apoyo a las feministas de Oriente Próximo y Asia. La organización ha recogido la firma de 1.200 activistas afganas e iraníes pidiendo protección para los civiles, así como que se reconozca a las afganas como ciudadanas en igualdad de condiciones con los hombres.

Existe un extendido temor entre las mujeres (y los jóvenes) de que los talibanes van a poner fin a las libertades civiles de las que han disfrutado desde 2001. Los portavoces de la milicia envían señales contradictorias: no ocultan que su objetivo es instaurar un régimen gobernado por la ley islámica (sharía), pero mantienen la ambigüedad sobre el acceso a la educación o al trabajo de las féminas.

“Dicen que vayamos a trabajar y a estudiar, que llevemos una vida normal, pero en Herat no dejan que las mujeres y las niñas acudan a las universidades”, señala Saqib. En efecto varias estudiantes han relatado en los últimos días como les impidieron acceder al recinto universitario. También hay testimonios de empleadas a las que se les ha rechazado en sus puestos de trabajo.

De momento, sin embargo, los barbudos no han cortado internet (cuando gobernaron, prohibieron la televisión y el cine) y tampoco han impuesto la obligatoriedad de que las mujeres solo puedan salir a la calle ocultas bajo un burka y acompañadas por un hombre de su familia, como entonces. Muchas, como Saqib, temen que sea cuestión de días.

De hecho, el temor a que cambien las tornas ya está induciendo a tomar medidas. Por ahora, algunas prefieren no aventurarse fuera de casa y si lo hacen, adoptan una vestimenta más conservadora, evitando los colores llamativos. Otras, como A. I., temen que tendrán que aparcar su pasión por la música o el deporte. Pero el ambiente empieza a oscurecerse: en algunas cadenas de televisión han remplazado las populares series indias y turcas por otras islámicas.

La presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Shahrzad Akbar, ha recordado a través de Twitter que “funcionarios, empleados del gobierno, exmilitares, periodistas, mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, jueces y fiscales, personas que han trabajado con fuerzas extranjeras, todos tienen miedo porque a pesar de ser civiles, todos han sido objeto de ataques de los talibanes”. Por eso ha pedido a la milicia que, “ahora que sus fuerzas han tomado Kabul, se responsabilice de las vidas de los ciudadanos”.

Saqib, por su parte, pide al resto de los países que “trabajen para salvar las vidas de las activistas, las defensoras de los derechos humanos y las periodistas”. Desde su escondite en algún lugar de Kabul también defiende que “no se echen a perder 20 años de avances y se dé a la gente una garantía internacional de que protegerá su vida”.